…a golpe de prejuicios ideológicos. Esta es la opinión del economista Jordi Sevilla, en uno de sus artículos recientes, acerca de la política económica de este gobierno.

He leído estos días el libro Hay alternativas de los también economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, que sostiene un punto de vista parecido. Está lleno de datos que a mí, lego en la materia, me resultan muy convincentes, y que cuadran con muchas de la cosas que he visto, vivido y leído estos últimos años.

La causa de nuestra particular crisis económica, mucho más virulenta que en los países del norte de Europa, no es el excesivo gasto público en políticas sociales. De hecho, el Producto Interior Bruto por habitante de España es del 94% con respecto a la media de la UE-15 (los quince países más ricos), mientras que el gasto público social es del 72% con respecto a la media de esos mismos países. España es un país casi tan rico como los que más, pero mucho más desigual.

La causa tampoco está en el alto nivel salarial. De hecho, los salarios llevan muchos años recortándose, desde mucho antes de que empezara esta crisis: de 1994 a 2006 los salarios reales, contando la inflación, habían caído ya un 6%, y han seguido recortándose durante los años siguientes. Como durante ese tiempo la riqueza nacional aumentó, eso significa que se ha distribuido de forma muy desigual. Es una tendencia general fruto de la aplicación de políticas económicas neoliberales:

En 1976 el 1 por ciento más rico de la población de Estados Unidos poseía el 9 por ciento de la riqueza y ahora, después de estos años de políticas neoliberales, ya acumula el 20 por ciento. […] Este 20 por ciento es justamente el porcentaje que el 1 por ciento más rico de la población de 1928 poseía entonces, justo antes de que se desencadenara la Gran Depresión. No es una simple coincidencia.

La desigualdad en la distribución de la riqueza no sólo es moralmente injusta, además es buen negocio para unos pocos y un negocio suicida para la sociedad en su conjunto. Una población empobrecida es una población que no consume y, como se ha señalado muchas veces, la española es principalmente una crisis de consumo privado que en nuestro caso se ha agravado por la burbuja inmobiliaria. Los salarios bajos, unidos a un endeudamiento irracional por compra de vivienda, han deprimido el consumo hasta extremos insoportables. Tanto que las empresas que dependen del consumo interno, y no de las exportaciones, es decir, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país, se han visto arrastradas por la crisis.

Acostumbramos a analizar la política como un enfrentamiento únicamente entre los intereses de los empresarios y los trabajadores, pero la experiencia de estos años debería hacernos cambiar de punto de vista: la crisis está creando una enormidad de parados, pero también se está llevando por delante a muchísimos pequeños y medianos empresarios, que son los que crean el 80% del empleo de España. La contención salarial ha contribuido a la creación de un excedente de capital, pero este excedente no se ha aplicado a la inversión productiva (en empresas que generan bienes o servicios), sino a la especulación financiera. El capital existe, pero no llega a las empresas en forma de créditos, porque está ocupado en la especulación. Pero la especulación se produce entro de un marco regulatorio que depende de los gobiernos, y estos deberán permitirla en tanto resulte productiva, no destructiva, para la sociedad.

Los recortes en servicios sociales como la educación y la sanidad, de los que España ya es deficitario por comparación con países que resisten mejor que nosotros a la crisis, sólo provocarán más paro, mayor reducción del consumo y reducción de cotizaciones por vía impuestos. Son medidas procíclicas y como tal ahondarán la crisis. Visto lo visto, ¿es extraño que los mercados de capitales estén apostando por que España, de seguir por esta vía, no podrá pagar sus créditos?

España no gasta demasiado en educación pública, sino demasiado poco. Finlandia, modelo a seguir a tenor de sus resultados en las pruebas PISA, sólo tiene educación pública. La situación española es, en este sentido, una anomalía en Europa, con el 60% de la educación en manos privadas. El declive de la educación pública en España comenzó con la creación de la llamada escuela concertada, de la mano de un ministro socialista, Carlos Solchaga. La existencia de la escuela concertada ha permitido durante años la segregación clasista en la educación, y ahora servirá de pretexto para empeorar las condiciones de trabajo de los profesores de la escuela pública.

Para la derecha es un contrasentido que las aulas de los centros públicos tengan menos alumnos que las de los centros privados concertados, y que los profesores de los centros públicos estén mejor pagados y den menos horas de clase que los de los centros privados concertados. Al fin y al cabo, se supone que uno se hace rico para que sus hijos reciban una educación mejor que los hijos de sus empleados, y en España aparentemente ocurre lo contrario. Así que, aprovechando que la crisis pasa por Valladolid, nuestra política neoliberal particular, la marquesa Esperanza Aguirre, decidió devolver las aguas a su cauce. Aumentó las horas de clase de los profesores de la enseñanza pública y, ante la acusación de que eso suponía recortes en educación, contestó que no había recortes en educación. Y decía la verdad, porque a la vez amplió el concierto con los centros educativos concertados, dándoles el bachillerato. No recortó los recursos, se limitó a redistribuirlos, quitándolos de las enseñanza pública y trasladándolos a la enseñanza privada. Porque para una persona de derechas, la redistribución de la riqueza que se produce por la vía de los impuestos y la existencia de servicios públicos, va contra la naturaleza.

Los impuestos, esa es otra. Resulta que en España los impuestos los paga sobre todo la clase media asalariada, porque la clase alta… Según datos de la Agencia Tributaria, los empresarios españoles ingresan menos que sus trabajadores. Y a los que ingresan más, siempre les quedarán las SICAV, que cotizan al 1%, y los paraísos fiscales. Luego esos impuestos son los que se aplican a salvar a los bancos, que aprovechan ese dinero para prestárselo de nuevo al estado a un interés más alto.

Los tiempos deberían estar cambiando, y no sé a qué esperan. Repito: Hay alternativas, es gratis.